Publicado el 01-10-2019

Nuestra meta es alcanzar un Ecuador Digital

Andrés Michelena
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ecuador

Esta entrevista fue publicada en el número de septiembre de 2019 de la Revista ‘Telecomunicaciones de América Latina’ (30/09/2019). Descarga la revista completa aquí.

1- Desde marzo de este año usted ocupa la cartera del sector en Ecuador, lo que ha significado un impulso para colocar los temas de nuestra industria en primer plano, con la prioridad que entendemos necesita, ¿cuáles señalaría como sus principales retos o metas a cumplir en el actual periodo de gobierno? ¿Cómo puede contribuir la política pública en el avance del sector, dadas las transformaciones que ha tenido el Ecosistema Digital?

El trabajo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) está en el cumplimiento de las promesas de valor de Ecuador Digital, que es alcanzar un Ecuador conectado, con el 98% de cobertura de servicios de telecomunicaciones; un Ecuador eficiente y ciberseguro, con el 80% de trámites en línea y la estrategia nacional de ciberseguridad; así como un Ecuador innovador y competitivo, impulsando al sector productivo del país hacia la industria 4.0.

Tenemos grandes retos en los que, desde la política pública, venimos trabajando como la asignación del espectro radioeléctrico para servicios móviles, con la que pretendemos pasar del 28% al 60% de asignación, conforme a las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), generando, al menos, 27 mil empleos entre los años 2020 y 2022; y, en cerca de 157 MM USD de inversión sectorial anual, solo por despliegue de infraestructura.

Esto permitirá sentar las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías como el Internet de las cosas (IoT) y 5G. Además, de beneficios a la ciudadanía como la conectividad a escuelas y dotación de equipamiento tecnológico, despliegue, mantenimiento y operación de Infocentros Comunitarios; así también la instalación de puntos WiFi gratuitos.

2- Usted está impulsando la Política ‘Ecuador Digital’, en cuanto a la inclusión digital y la universalización del acceso, elementos claves para el desarrollo. ¿Qué medidas debe tomar Ecuador para cerrar la brecha digital? ¿Qué debe hacer el país para lograr resolver las desigualdades de acceso entre hombres y mujeres, entre personas mayores y jóvenes, o entre quienes viven en ámbitos rurales y urbanos?

En general, en la región existen grandes brechas de desigualdad en el ámbito digital, al menos un 50% de la población en Latinoamérica aún se encuentra desconectada. Es por eso, que estamos impulsando medidas regulatorias que permitirán fomentar

la competencia en el mercado y generar un entorno favorable para las inversiones, por ejemplo, el uso diferenciado del espectro radioeléctrico en zonas de baja penetración de servicios, que permitirá el despliegue de redes comunitarias, las cuales son organizaciones sin fines de lucro que democratizar el acceso a internet a aquellas poblaciones más vulnerables, dándole autosustentabilidad a los proyectos de conectividad.

El despliegue de puntos WiFi y la utilización de los Infocentros facilitan el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), contenidos educativos digitales y plataformas de educación – enfocadas a la productividad para mejorar las habilidades digitales- y la capacitación en las zonas rurales, para aquellas personas de escasos recursos. El MINTEL cuenta actualmente con 884 Infocentros a escala nacional.

3- En el aspecto regulatorio, ¿qué tipos de decisiones han tomado y deberían tomarse para lograr un aggiornamiento de la regulación al sector telecomunicaciones? ¿Qué beneficios cree traerían estos cambios?

Estamos promoviendo la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y reglamentos que rigen al sector como son: los reglamentos de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y de audio y video por suscripción; así como el de otorgamiento de Títulos Habilitantes y el de Tarifas por Derechos de Concesión y uso de Frecuencias. Estos están siendo tratados desde una perspectiva de fomento a la inversión y desarrollo del sector, alejándonos de esa visión recaudatoria que se venía dando, sino que nos hemos enfocado hacia el desarrollo, impulsando el despliegue a las redes de telecomunicaciones, al servicio de la población.

Los cambios favorecerán la reducción de los precios para los usuarios y abonados, por el fomento a la competencia; así como acceder a servicios de calidad y con mejores prestaciones sin pagar más. Se ha demostrado que un 10% de aumento de la penetración de la banda ancha genera 0,52% de crecimiento en el PIB; además que creará nuevos empleos y beneficios por recaudación directa e indirecta al Estado, dinamizando la economía y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.

Para asegurar la asequibilidad de los dispositivos también, en conjunto con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, estamos trabajando en la eliminación de aranceles a smartphones, computadoras, tablets y otros terminales para que la población; además de tener el acceso a los servicios, también pueda contar con dispositivos a mejores precios. El aumento de un 10% en la tenencia de dispositivos smartphones, por ejemplo, incrementa un 20% la productividad, por el acceso a mejores herramientas.

b) Desde el sector privado se señala como prioridad la actualización normativa del sector para maximizar las inversiones en la industria.

¿Cuál es la disposición del sector público en este sentido? ¿Es un tema que se ha abordado o se está teniendo en consideración desde la agenda del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información?

La normativa se encuentra en proceso y se está priorizando en la agenda regulatoria que venimos cumpliendo, en el país. Al momento, tanto la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) como el MINTEL trabajamos, de la mano con la industria, la academia y organismos externos como el Banco Interamericano de Desarrollo, en estos nuevos instrumentos que estarán listos para el cuarto trimestre del presente año y que permitirán sentar las bases de este nuevo Ecuador Digital.

4- ¿Qué decisiones cree que deberían acompañar al proceso de digitalización de la economía en materia de políticas de ciberseguridad y protección de usuarios y privacidad? ¿Y respecto a la piratería?

Conscientes que la economía digital necesita generar un ambiente de confianza para masificar su uso, la política Ecuador Digital cuenta con acciones con relación a estos temas. Para diciembre de 2019, el país contará con la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Asimismo, el pasado 19 de septiembre entregamos a la Asamblea Nacional del Ecuador el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales para su análisis y aprobación. Este cuerpo normativo garantizará los derechos digitales de los ciudadanos.

Respecto a los temas de piratería en Ecuador ya se cuenta con el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, institución que se encarga de estas temáticas.

5- ¿Cuál es la importancia de contar con una Ley de Datos Personales en Ecuador?

Con una Ley de Protección de Datos Personales se garantiza al ciudadano el ejercicio de su derecho a la protección de datos personales, establecido en el artículo 66, numeral 19, de la Constitución de la República del Ecuador.

El derecho a la Protección de Datos Personales se basa en la autodeterminación informativa, es decir, que el ciudadano tenga la decisión de controlar el manejo de sus datos, autorizar su uso y finalidad; de esta manera, impedir la circulación ilícita y perniciosa de los mismos.

Además, tiene muchos beneficios para el país. No solo necesitamos tener derecho a la seguridad, sino también derecho de acceso, de rectificación, de supresión, de oposición, de portabilidad y de educación digital. Asimismo, garantiza la democracia, dinamiza la economía, genera competitividad en las empresas, fortalece la innovación

tecnológica porque construye un ecosistema digital confiable y transparente, en el que el Estado y las empresas, responsables de los datos personales, mantienen una relación directa con el ciudadano y el usuario para mejorar su interacción y darle bienes y servicios de calidad, al mismo tiempo que respeta sus derechos.

Desde el 2018, como Gobierno realizamos mesas de trabajo para la construcción participativa del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, lo que permitió difundir los conceptos básicos de la protección de datos; así como los principios y derechos que la rigen.

Los principales puntos del proyecto son:

1. Contempla principios para el tratamiento de datos personales como legalidad, lealtad, legitimidad, finalidad etc.

2. Reconocimiento y articulación de derechos a favor del titular de los datos derecho a la transparencia, derecho al acceso, derecho a la réplica etc.

3. Establece un régimen especial de tratamiento de datos sensibles de niños y adolescentes.

4. Establece un régimen de seguridad y protección de datos personales.

5. Regula la transferencia internacional de datos lo que permite establecer estándares de calidad en el tratamiento de los datos.

6. No solo contempla derechos sino también obligaciones a los responsables del tratamiento de datos personales.

7. Régimen de protección sancionatoria cuando no se manejan los datos con tratamientos mínimos de los datos como utilización de información o datos para fines distintos a los autorizados o declarados, sanciona la falta de implementación de políticas de protección de datos personales en las empresas.