Publicado el 20-01-2022

Planes nacionales de conectividad como elementos centralesde una agenda digital sostenible

Este artículo de Antonio García Zaballos (Lead Specialist en materia de telecomunicaciones para la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo y es Coordinador de la Plataforma de Banda Ancha del Banco Interamericano de Desarrollo) fue originalmente publicado en la Revista Telecomunicaciones de América Latina de ASIET. Descárgala completa aquí

 

Cerrar la brecha digital es el objetivo central de todos los planes de gobierno en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Y esta necesidad se ha vuelta aún más urgente a partir de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento que ha obligado a recurrir al tele-trabajo, la tele-educación, la tele-salud para dar continuidad a las actividades de todos. Si bien, según estimaciones de la UIT en promedio el 68% de la población latinoamericana era usuaria de Internet regularmente en 2019, valor que representa casi el doble de lo que se registraba en 2010, el tercio restante por conectar se contabilizaba en 46 millones de hogares. Muchos de estos hogares debían su falta de acceso a factores económicos, sociales y a su área de residencia ya que, en las áreas urbanas, el 67% de los hogares accedía a internet, mientras que en las rurales lo hacía solo un 23% y en países como El Salvador, Paraguay o Perú solo un 10%. Incluso en los países relativamente más ricos como Chile, Uruguay o Costa Rica, más del 50% de los hogares urbanos carecen de acceso a internet.  

A este contexto debemos agregarle el factor de la COVID-19, que ha expuesto esas asimetrías económico-sociales y lo preocupante es que puede aumentarlas aún más en tanto toda esa población excluida de conectividad va a carecer de posibilidades de dar continuidad a sus estudios, trabajos, informarse o entretenerse. De acuerdo con estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se estima que existe una brecha de infraestructura de US$ 69 billones, de los cuales el 41% están asociados a la mejora de la conectividad de la infraestructura fija que permita reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales y mejorar la calidad del servicio. Reducir la brecha señalada generaría aumentos estimados en el PIB del 7,7%, del 6,4% de la productividad y la creación de más de 15 millones de empleos directos en el país. 

La reducción de esta brecha es una responsabilidad compartida entre el sector público y el sector privado. No podemos obviar que únicamente el 39,5% de las escuelas de nuestra Región está conectada frente al 97,4% de los países de la OCDE. Este enorme reto necesita no sólo de agendas digitales sino también de planes nacionales de conectividad, de hecho, la ejecución de este plan podría contribuir a lograr metas tales como: (i) mejora de la cobertura de las redes de 4G hasta alcanzar el 99 por ciento de la población, (ii) mejora de la cobertura móvil 5G en los principales asentamientos urbanos y a lo largo de las principales carreteras y ferrocarriles, (iii) mejora de la conexión de fibra simétrica de al menos 1 Gbps de instituciones públicas como por ejemplo centros de atención primaria y secundaria de la salud, escuelas, centros de prestación de servicios administrativos, oficinas postales, centros juveniles, etc. que permitan la continuidad de los servicios públicos y la digitalización de la sociedad, (iv) conexión de todos los hogares con acceso a servicios de banda ancha fija de al menos 100 Mbps de capacidad de descarga y 20 Mbps de capacidad de carga, con baja latencia y sin límites de datos y (v) al menos el 70 por ciento de los jóvenes y adultos capacitados en habilidades digitales básicas. 

Sin embargo, la implementación de este tipo de acciones pasa necesariamente por una actualización de los marcos regulatorios como condición habilitadora para el desarrollo de nuevos y mejores servicios. Efectivamente, regulaciones modernas, inteligentes y sencillas, no sólo contribuirían a la reducción de cargas para los operadores, sino también facilitarían una competencia efectiva que permitiera mejorar la cobertura en zonas apartadas y rurales a menores precios y con niveles de calidad suficientes para aprovechar los beneficios de las TIC. 

En este contexto, no podemos dejar de lado la brecha de género, de acuerdo con estudios de BIDLabs, en la región de Sudamérica, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en áreas de TIC puede alcanzar 40%. En ALC, sólo “3 de cada 10 personas que trabajan en tecnologías y ciencias de la computación son mujeres”. En este sentido, el acceso a la tecnología y a la conectividad ha de ser una herramienta para lograr una mejora sustancial de estos indicadores de tal forma que haya no sólo una mayor equidad sino también una mayor integración de la mujer al mercado laboral. 

Los nuevos modelos de negocio de la economía digital retan la institucionalidad legada del mundo analógico y obligan a redefinir la visión del sector. Principalmente porque la inversión en infraestructura puede tener hoy un sin número de modelos que podrían ser exitosos para el cierre de la brecha digital. La innovación, el co-financiamiento, y la colaboración público-privada serán fundamentales para tener éxito en este reto. Estamos por tanto ante un reto compartido, ante un objetivo no sólo de mejorar la conectividad sino de usar el acceso a la tecnología como una palanca para la inclusión, la evolución hacia una economía digital más sostenible, más productiva y más equitativa.