La política de uso justo de Internet beneficia a los usuarios

Pablo Bello. Director Ejecutivo de ASIET

El 5% de los usuarios pueden llegar a utilizar el 50% de la capacidad disponible de las redes

La economía es el estudio de la escasez. Si los bienes y servicios fueran infinitos, si no hubiera un costo asociado a su producción, su precio sería cero y viviríamos en la abundancia. Pero vivimos en un mundo finito, en el que los recursos son escasos, en el que hay un costo asociado a producir. Es por ello que tenemos que pagar por lo que consumimos. Al pagar por los bienes y servicios que consumimos permitimos cubrir los costos de producirlos y que exista un legítimo incentivo para invertir en su producción. Esa es la base de la economía. Y de eso va la política de uso justo de internet.

Producir el servicio de acceso a internet es costoso. Para que nos podamos conectar en nuestras casas u oficinas, en nuestras escuelas o en nuestros móviles, se requieren importantísimas inversiones y despliegues de infraestructura. Se requieren redes de fibra óptica, antenas y torres, enlaces de microondas, centrales de conmutación, miles y miles de kilómetros de cable, enlaces internacionales, espectro radioeléctrico. Y las redes de telecomunicaciones, como las del agua potable o de la energía eléctrica, tienen capacidades limitadas. A mayor consumo se requiere mayor capacidad, de la misma forma que si usamos más el agua, o la energía requerimos más tuberías, más afluentes, más centrales, más redes de transmisión. Lo justo es, entonces, que quienes más consumen paguen más, porque es ese mayor consumo el que hace necesarias más inversiones, más capacidad, más ancho de banda.

En los últimos años el consumo de internet ha crecido exponencialmente. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son hoy parte fundamental de nuestras vidas, -como lo son el agua y la energía. El enorme crecimiento que se ha observado en el número de usuarios de Internet y el uso generalizado de aplicaciones y plataformas que requieren mayor capacidad de las redes, se manifiesta claramente en el aumento del tráfico de datos. Según Cisco, en América Latina el tráfico de datos móviles en 2016 fue 17 veces mayor que el registrado en el 2011. Tan sólo el año pasado, el crecimiento en dicho rubro fue de 66 por ciento, con respecto al año anterior, y se espera que para el 2021 siga creciendo a una tasa anual de 45 por ciento[1].

El Informe sobre uso de internet[2] que elaboró la consultora Sandvine el año pasado, señala que un tercio de la composición del tráfico de acceso móvil en Latinoamérica es producto del uso de las redes en entretenimiento en tiempo real y el 30 por ciento resulta del uso de las redes sociales (en conjunto suman el 62% del total del tráfico móvil). El informe estima que el 5% de los usuarios pueden llegar a utilizar el 50% de la capacidad disponible de las redes. Esto significa que unos pocos usuarios son los responsables de los costos más relevantes de proveer el servicio, que finalmente pagamos todos. Si todos los usuarios pagan lo mismo, los usuarios que hacen un uso “normal” de internet están subsidiando a quienes hacen un uso intensivo. Eso no es justo. Porque además, si no hay incentivos económicos a controlar el consumo, lo que ocurre naturalmente es que se consume mucho más de lo necesario, lo que hace que las redes se congestionen, bajando la calidad de la conectividad para todos, y desincentivando que las empresas inviertan en más capacidad.

Como pocos países en América Latina, Costa Rica debe enfrentar los retos mencionados. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2015, el número de usuarios de Internet creció en más de 60 por ciento[3] y, según la Superintendencia de Telecomunicaciones, el consumo de datos aumentó 209 por ciento, entre 2013 y 2015[4]. Lo anterior, con niveles de precios para los servicios móviles que, según el Foro Económico Mundial, son de los más asequibles en América Latina y en un entorno regulatorio en el que el esquema de fijación tarifaria reduce considerablemente los márgenes de ganancia del sector y la certidumbre para realizar inversiones.

Dadas las condiciones mencionadas, en el país se presenta la complejidad de lograr la sostenibilidad de los servicios prestados y avanzar en aspectos que no han podido ser atendidos, como el acceso a internet del más del 35 por ciento de la población que hoy no está conectada[5] o el incremento en las velocidades promedio con que se ofrece dicho servicio y que continúan siendo de las más lentas en América Latina[6].

En Costa Rica,un reducido grupo de usuarios con elevados niveles de consumo afectan la experiencia de uso de la mayoría Debido a las diferencias en el consumo de datos por parte de distintos tipos de usuario, toda vez que los costos de la operación de la redes se distribuyen de manera uniforme entre todos los clientes, aquellos que hacen uso de Internet en menor medida —o aprovechan aplicaciones que emplean menor flujo de datos— subvencionan a los que no tienen incentivos para disminuir su consumo.

Esta situación resulta injusta para la mayoría de los consumidores que hacen uso de los servicios de forma racional. La política de uso justo lo que establece es un mecanismo para que quienes usan más, paguen más. Como ocurre con el agua o la energía. Las políticas de uso justo y los esquemas de precios basados en los niveles de consumo se usan de forma habitual en todo el mundo, en países desarrollados o en vías de desarrollo. Es la forma adecuada de resolver el derecho al acceso a internet con la maximización del bienestar de la mayoría, promoviendo la eficiencia y la inversión en la oferta de servicios por parte de los proveedores de Internet y otorgando mejores alternativas en términos de calidad para los usuarios.

Los esquemas de uso justo de Internet en Costa Rica representa una oportunidad para atender de manera adecuada las necesidades de servicio de los usuarios, sin que se restrinja la posibilidad de cumplir los objetivos de conectividad planteados para conectar a los no conectados y asegurar una experiencia de navegación adecuada para quienes tienen menor poder adquisitivo. Costa Rica únicamente podrá desarrollarse si todos pueden acceder a un internet de calidad, y ello requiere inversiones de las empresas y que cada usuario pague por el servicio que consume, implementando soluciones para las familias de bajas ingresos. Eso es justo y es la única forma de proteger realmente el derecho de todos a ser parte de la sociedad de la información.


[1] Cisco,Visual Networking Index Forecast Highlights Tool. Disponible en: http://bit.ly/1U45JDS

[2] Sandvine. 2016 Global Internet Phenomena. 2016. Disponible en: http://bit.ly/2gF7UeR

[3] The World Bank. World Development Indicators. Internet users (per 100 people). Disponible en: http://bit.ly/2nLOKrJ

[4] Superintendencia de Telecomunicaciones. Estadísticas del sector de telecomunicaciones. Costa Rica. 2015. Mayo de 2016, p. 71. Disponible en: http://bit.ly/2dFoL2p

[5] Superintendencia de Telecomunicaciones. Estadísticas del sector de telecomunicaciones. Costa Rica. 2015. Mayo de 2016, p.28. Disponible en: http://bit.ly/2dFoL2p

[6] Akamai. Informe sobre el estado de Internet en materia de conectividad. Reporte Q4 2016. Volumen 9, Número 4, p. 24. Disponible en: http://akamai.me/1fVVetP

Este artículo fue re-editado y publicado en “La Nación” de Costa Rica: http://www.nacion.com/opinion/foros/Politica-uso-justo-Internet_0_1630436945.html

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