Las lecciones de las políticas de Banda Ancha en el Perú

Manuel Cipriano. Consultor en telecomunicaciones y TIC

1.- Antecedentes. –

Siguiendo la tendencia internacional, el Estado Peruano ha venido, desde hace varios años, elaborando políticas y diseñando diversas estrategias para lograr la masificación del internet y de banda ancha en el país. Aquí un breve balance de lo sucedido hasta el momento.

Inicialmente las primeras estrategias se plasmaron en la conformación de una comisión multisectorial para definir las metas y políticas para lograr el objetivo de ampliar los servicios de Internet a las localidades aún no atendidas o de escasa conectividad. Como resultado de ello, en el año 2001 por Decreto Supremo Nº 066-2001-PCM, se aprobaron los “Lineamientos de Políticas Generales para Promover la Masificación del Acceso a Internet en el Perú”, que contenían como la identificación de las barreras que impiden el acceso de los grandes sectores de la población a Internet. Entre las barreras que se consideraron, en ese entonces, estaban: (a) los costos que deben pagar los usuarios por el acceso a Internet, (b) los costos que se pagan por los enlaces internacionales y; (c) los costos de recursos informáticos (hardware y software) necesarios para el acceso a Internet.

Adicionalmente en la mencionada disposición legal se aprobaron los 12 Lineamientos Generales para alcanzar la masificación del acceso al Internet. Una de las más destacables políticas aprobadas era la de promover la masificación del acceso y uso de Internet y las tecnologías de la información, para lo cual se consideró necesario optimizar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones existente a nivel nacional.

Posteriormente en el año 2003 se creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI), la cual, luego de varias reuniones, elaboró el denominado “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú”, publicado en el 2006.

Actualmente existe la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento y evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0”, documento aprobado en el 2011, para lo cual contó con la participación de diversas entidades del sector público, la sociedad civil y la academia.

Es importante destacar de la Agenda Digital Peruana 2.0 que esta tiene como visión que la sociedad peruana finalmente se transforme en una sociedad de la información y conocimiento; que además se caracterice por ser activa y productiva, integrada democráticamente; además de ser abierta, inclusiva y que brinde igualdad de oportunidades a todos.

Conjuntamente con la visión se definieron 8 objetivos para lograr las metas trazadas. Estos objetivos fueron:

Objetivo 1.- Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población de áreas urbanas y rurales a la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Objetivo 2.- Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para el acceso y participación de la población en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Objetivo 3.- Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC que aseguren la inclusión social y el acceso a servicios sociales que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo humano en pleno cumplimiento de las metas del milenio.

Objetivo 4.- Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con base en las prioridades nacionales de desarrollo.

Objetivo 5.- Incrementar la productividad y competitividad, a través de la innovación en la producción de bienes y servicios, con el desarrollo y aplicación de las TIC.

Objetivo 6.- Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora y con presencia internacional.

Objetivo 7.- Promover una administración pública de calidad, orientada a la población.

Objetivo 8.- Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 se inserten en las políticas locales, regionales, sectoriales y nacionales a fin de desarrollar la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Es así que, tal como la misma Agenda Digital Peruana 2.0 lo contempla, en calidad de estrategia para alcanzar el Objetivo 1, el Estado debe tomar una posición más activa para impulsar y ampliar el acceso a Internet, a partir de banda ancha fija o móvil, a lo largo de todo el territorio nacional. Para ello se consideró que se necesitaba mejorar los niveles de conectividad en las entidades publicas. De esta manera, se contempla que el impulsar una red dorsal de fibra óptica que permita la masificación de la banda ancha para instancias publicas y organizaciones privadas, sean estas grandes empresas, MYPES, centros de investigación, instancias educativas y otros; es relevante para lograr un adecuado avance hacia una denominada real Sociedad de la Información y del Conocimiento.

Otra de las ventajas que se pretendía alcanzar con la mencionada red dorsal de banda ancha era la posibilidad de contar con tarifas competitivas y brindar velocidades de conexión mayores para impulsar el uso y potencial desarrollo, a partir de las TIC en el país.

De este modo, algunas de las propuestas mencionadas en la agenda para concretar los puntos mencionados fueron:

  1. Identificar y generar las políticas que permitan contar con una red dorsal de fibra óptica que facilite el acceso de la población a Internet de Banda Ancha y que promueva la competencia en este servicio.
  2. Impulsar una mayor inversión en infraestructura de telecomunicaciones que permita avanzar hacia una red dorsal de fibra óptica, a partir de asociaciones público privadas y/o mayor inversión pública en el tema.

En resumen, hacia el año 2011, luego de varios años desde que se inició la preocupación y el debate por el tema de la masificación del Internet, el Perú tenía un conjunto de estrategias y políticas definidas para ejecutar y alcanzar las metas trazadas y el aprovechamiento de las ventajas de la banda ancha por parte de todos los ciudadanos. El segundo paso sería entonces definir la forma de ejecutar los proyectos y el marco legal adecuado para concretar las políticas.

2.- Promoción de la Banda Ancha y la Red Dorsal. –

Ese marco legal se dio en el año 2012 con la Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, cuyo propósito era impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la banda ancha en todo el territorio nacional. Para ello se declaraba de necesidad pública e interés nacional:

  1. La construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que integre a todas las capitales de provincia en condiciones de competencia.
  2. La red dorsal se soportaría en infraestructura del Estado, redes de energía eléctrica, redes de hidrocarburo, redes viales y de ferrocarriles.
  3. La red dorsal debe ser implementada con equipamiento que soporte el protocolo IP y apliquen tecnologías multimedia para banda ancha.

La citada ley contempla además que el mismo Estado promovería la inversión e implementación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica para otorgarla posteriormente en concesión, pero manteniendo la titularidad de la infraestructura, con la finalidad de garantizar el desarrollo económico y la inclusión social de la población en su conjunto. Por otro lado, se previó que los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos también proveerían su infraestructura a los operadores de servicios de telecomunicaciones para el despliegue de banda ancha, salvo situaciones demostradas de orden técnico.

En cuanto a la infraestructura a ser compartida por los operadores mencionados se refiere a todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, y derechos de vía e hilos de fibra óptica no usados, asociados a la prestación de servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de transporte y distribución de hidrocarburos.

El acceso y uso del operador de la red dorsal de la infraestructura existente de titularidad de los concesionarios de energía eléctrica e hidrocarburos, sería retribuido económicamente por el operador de la red dorsal. Dicha retribución consistiría en una contraprestación inicial única y contraprestaciones periódicas. La contraprestación inicial única debe considerar la recuperación de las inversiones de adecuación en las que incurra el concesionario eléctrico o de hidrocarburos para prestar el acceso y uso a su infraestructura; mientras las contraprestaciones periódicas comprenden la operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, incluido un margen de utilidad razonable.  

Adicionalmente se establecieron algunos mecanismos de coordinación con los sectores de energía y transporte para conocer sus planes de desarrollo y necesidades, dado que serían su infraestructura sería utilizada como soporte de la red dorsal.

Por otro lado, la conformación, operación y gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se dispuso que se haría de la siguiente manera:

  • Se ejecutaría de manera progresiva, conforme al diseño elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  
  • La operación sería objeto de concesión a uno o más operadores neutros, quien o quienes podrían brindar servicios a otras empresas de telecomunicaciones, pero estarían limitados a no brindar servicios a usuarios finales (público en general). En ese sentido, se estableció que, para evitar conductas anticompetitivas y acuerdos de restricción vertical, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL, establecería los mecanismos de control que podría ser obligaciones de información, calidad del servicio, contabilidad, entre otras medidas que el regulador considere necesarias.
  • El operador dorsal obtendría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la concesión única para prestar servicios públicos de telecomunicaciones y registrar solamente como servicio a brindar, el clasificado como servicio portador. Asimismo, se le impuso la restricción que, durante todo el periodo de la concesión, sólo podría registrar el servicio portador como servicio de telecomunicaciones a ser prestado.
  • En la línea de lo anterior, el concesionario o concesionarios no podrían realizar prácticas anticompetitivas, discriminatorias o que perjudiquen a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en la oferta de sus servicios. Asimismo, en el aspecto societario, como limitación a sus actividades, se contempló que el objeto social del operador dorsal, únicamente incluirá al servicio portador en el ámbito del país, el cual no podría ser modificado durante el período que se derive de la concesión.
  • En cuanto a las tarifas que aplique el operador dorsal estas serían a nivel nacional, es decir, independientemente de la ubicación geográfica de los usuarios.

En cuanto al tema de aplicaciones y contenidos, adicionalmente se estableció que el Estado, a través de sus diversas entidades locales, nacionales y regionales, tendría a su cargo la generación de contenidos y aplicaciones de gobierno electrónico, que acerquen al ciudadano con el mismo Estado. En este mismo punto se consideró relevante que las aplicaciones y contenidos deberían tener en cuenta la diversidad de lenguas y el posible uso por personas con alguna discapacidad.

Efectivamente, sobre el tema de Gobierno Electrónico se contempló que el Estado a través de sus niveles de gobierno, nacional, regional y local desarrollaría contenidos y aplicaciones, incluyendo políticas de educación en la formación de capacidades necesarias para el aprovechamiento de los beneficios necesarios para la banda ancha, poniendo énfasis en los contenidos educativos y aplicaciones orientados a la fácil comprensión de los estudiantes, adultos mayores, minorías idiomáticas, personas con discapacidad y grupos étnicos y culturales; complementando con actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones, herramientas informáticas y equipos terminales (computadoras, tabletas, smartphones, etc).

A título enumerativo, pero no taxativo se indican la generación, compartición y preservación de información y conocimientos, en especial multimedia; interacción mediante herramientas multimedia; usos productivos y aplicaciones de Gobierno Electrónico; entre otras.

Se contempla que el Plan Nacional de Alfabetización Digital y sus acciones serán implementados por los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, de acuerdo a los lineamientos resultados de la coordinación entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Presidencia de Consejo de Ministros.

Adicionalmente se previó en la Ley Nº 29904 y su Reglamento que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe establecer una velocidad mínima para definir si el acceso a Internet es de banda ancha o no; para, de esta manera, poder ser ofrecida comercialmente en el mercado. Dicha velocidad mínima sería revisada cada dos años, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y el mercado.

Otro aspecto importante contemplado en la citada Ley es el tema que el Estado contaría con una red propia para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento denominada Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE), la cual tendría prohibido su uso comercial. Dicha red estaría formada por el conjunto de conexiones disponibles, físicas o virtuales, contratadas solamente por entidades de la administración pública, y que será la red de acceso para el desarrollo de la Sociedad de la Informa y del Conocimiento. La REDNACE priorizaría específicamente los temas de salud, educación, cultura, defensa, seguridad, investigación y desarrollo.

Para tal efecto se dispuso que un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica se reservaría para la REDNACE, con la que se atendería la demanda de conectividad de banda ancha de las entidades de gobierno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los gobiernos regionales y locales de todo el país.

También se previó la construcción de la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) la misma que estaría integrada a las redes regionales de investigación y educación del mundo, para acelerar los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Por ello se contempló que la RNIE se utilizaría únicamente para cursar información relacionada con temas académicos, educativos, de investigación y otros que sean propios de la labor universitaria y de los institutos de investigación que la compongan.

En cuanto a los organismos ejecutores se mencionan, además del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, al Ministerio de Educación, entre otras entidades del gobierno peruano.

Finalmente se consideró que la política de banda ancha se formulará y actualizará sobre los siguientes principios:

  1. Enfoque sistémico: Este enfoque considera como factores necesarios para el desarrollo de la banda ancha: (i) el despliegue de infraestructura para redes de telecomunicaciones; (ii) la disponibilidad y acceso a servicios, contenidos, aplicaciones y dispositivos; (iii) la formación de habilidades digitales; y, (iv) la generación de condiciones que fomenten una oferta y demanda autosostenible de servicios de banda ancha en competencia.
  2. Asequibilidad: Se refiere a que los servicios de telecomunicaciones de banda ancha y los dispositivos, puedan ser pagados por quienes deseen servirse de ellos.
  3. Accesibilidad: Señala que las personas deberán poder valerse de los servicios de telecomunicaciones de banda ancha pese a las capacidades limitadas que pudieran poseer, e independientemente de su nivel de conocimientos, idioma, cultural, carencia habilidades, enfermedad, edad, etc.
  4. Inclusión: Este enfoque contempla que se promoverá el acceso de los grupos sociales menos favorecidos a las oportunidades y beneficios de la banda ancha.
  5. Libre elección de los usuarios: Por este principio se buscará que en los mercados de servicios se generen o fortalezcan condiciones que permitan a los usuarios elegir libremente a sus proveedores de servicios, contenidos, aplicaciones y dispositivos; previniendo fallas de mercado o prácticas restrictivas y se velará por que los usuarios cuenten con servicios que cumplan con requisitos de calidad y con información oportuna, suficiente, veraz y accesible.
  6. Evaluación permanente: Este principio prevé que la efectividad de la política nacional implementada, sea monitoreada y evaluada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debiendo actualizarse y publicarse los resultados de dicha evaluación.

En general podemos decir que la Ley Nº 29904 y su Reglamento contemplan el marco general para el despliegue de la red doral, los parámetros para su despliegue y las condiciones legales para el operador de este proyecto. También contempla otros aspectos relevantes relacionados a la educación y alfabetización digital, todo lo cual dependía de la ejecución oportuna y adecuada de la red dorsal.

3.- La ejecución de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. –

En el año 2013 y contando para ese entonces con el marco legal, el Estado Peruano adjudicó bajo el modelo de Asociación Público Privada cofinanciada, al consorcio mexicano TV Azteca-Tendai (hoy Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.), la Buena Pro del Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, conjuntamente con la concesión para prestar servicios de telecomunicaciones.

Dicho proyecto consistió en el diseño, despliegue y operación de una red de fibra óptica de 13,400 kilómetros, aproximadamente, que serviría para conectar la capital del Perú (Lima) con las 22 capitales de región y las 180 capitales de provincia (no hasta los distritos). El monto de inversión fue estimado en, aproximadamente, US$ 323 millones. Desde setiembre de 2006 la red ya se encuentra operativa.

Los principales beneficios y compromisos que se esperan obtener con el Proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica eran los siguientes:

  • Las compañías de telefonía tendrían costos menores por el transporte de señales de telecomunicaciones, lo cual permitiría reducir tarifas en Internet, telefonía fija, móvil, televisión, etc.
  • La tarifa establecida inicialmente en el contrato fue de US$ 23.00 por Mbps por mes.
  • El OSIPTEL, se encargaría de supervisar la tarifa y velaría porque los beneficios lleguen a los usuarios.

No obstante, en el 2017, habiendo transcurrido solo algunos meses desde que Azteca iniciara sus operaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su calidad de ente concedente, solicitó al OSIPTEL, la revisión de la tarifa establecida en el Contrato de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, advertiendo que la mencionada red estaría enfrentando problemas de sostenibilidad, debido a que la tarifa pactada no permitiría que Azteca ofrezca los servicios requeridos por sus clientes. Asimismo, Azteca en otras comunicaciones, conforme da cuenta el informe de OSIPTEL, manifestó otros problemas que agravaban los inconvenientes, tales como, el retraso en la realización de la Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE), los proyectos regionales complementarios a la red dorsal, los costos de operación y mantenimiento de la red y la rigidez del esquema tarifario contemplado en el contrato.

En febrero de 2018, mediante Informe Nº 00045-GPRC/2018, luego de la realización de una audiencia pública y la publicación del informe para recibir comentarios, el OSIPTEL llegó a las siguientes conclusiones:

  • El servicio de banda ancha móvil tiene mayor expectativa de crecimiento que la banda ancha fija por la competencia existente en el mercado peruano (en el que compiten Movistar, Entel, Claro y Bitel) y el continuo incremento de redes de 3G y 4G. En razón de ello la demanda vendría del mercado móvil y no de la fija, como fue proyectado inicialmente.
  • Las expectativas de demanda, aún con el crecimiento del mercado móvil, no alcanzaría las proyecciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el 2012. Al respecto se aprecia que algunos posibles clientes (específicamente Bitel, Movistar y Claro) han desplegado sus propias redes de transporte de fibra óptica, disminuyendo la demanda en el mercado por la red dorsal.
  • De acuerdo a las estipulaciones contractuales, en tanto que Azteca únicamente puede ofrecer al mercado un solo tipo de producto, las otras competidoras disponen además de la flexibilidad tarifaria, la posibilidad de  ofrecer servicios diferenciados y adaptados a las necesidades particulares de la demanda.
  • De acuerdo a la demanda proyectada, en el año 2012 se estimó que la banda ancha fija significaría el 69% de la demanda en el año 2018, y 60% en el 2025. Asimismo, se estimó que la banda ancha móvil alcanzaría el 23% en el 2018 y el 36% en el 2025. No obstante, según las ultimas estimaciones realizadas, la banda ancha fija alcanzaría solo el 19% en el 2025 y la móvil llegaría a 65%. Es decir, no se había considerado, al momento de proyectar la demanda iniciar, las redes alternativas que desplegarian los otros operadores, el desarrollo de las comunicaciones en 4G y el continuo crecimiento del internet móvil.  

Bajo este contexto, el OSIPTEL desarrolló cuatro escenarios que evalúan no solo el aspecto tarifario, sino todo el contexto de la red dorsal para plantear alternativas de solución a los problemas del operador dorsal. Estos escenarios son los siguientes:

  1. Reducir la tarifa única a un nivel de US$ 15.00 por Mbps.
  2. Establecer la posibilidad que Azteca tenga flexibilidad tarifaria.
  3. Establecer una empresa comercializadora; y
  4. Transferir la Red Dorsal al Estado.

De esta manera, la primera opción referida a establecer la tarifa en US$ 15.00 tendría la ventaja de reducir significativamente la tarifa a un precio más accesible a los usuarios quienes se beneficiarían de esta modificación contractual.

En la segunda alternativa, sobre la posibilidad de otorgar a Azteca mayor flexiilidad tarifaria, OSIPTEL considera que es factible en la medida que los ingresos de la empresa no sean inferiores respecto a los ingresos del trimestre previo a la modificación de la tarifa. De esta manera se protegería la competencia entre los operadores clientes de la red dorsal. Esta alternativa, se indica en el informe del regulador, permitiría a la empresa adecuar su oferta al mercado y a las alternativas que ofrecen los actuales competidores que tienen la posibilidad de ofertar opciones de descuentos por volumen y por tiempo de contratación, entre otras alternativas.

Sobre la tercera alternativa, OSIPTEL plantea la posibilidad de contar con una empresa comercializadora, es decir, una vinculada a Azteca que adquiera tráfico al por mayor para vender a minoristas, quien abriría la posibilidad de que el operador pueda competir en el segmento de mercado que actualmente le está prohibido, dada su condición de operador neutro, para generar mayor competencia y dinamismo en este segmento de mercado de usuarios finales.

La cuarta alternativa que el organismo supervisor propone, que implica una forma de retroceso en el proyecto, es la posibilidad de revertir la red dorsal al Estado Peruano, pagando a la empresa concesionaria Azteca los gastos incurridos.

Entre las cuatro opciones, analizando las ventajas y desventajas de cada una, el OSIPTEL ha recomendado la segunda alternativa que es la referida a otorgar al operador dorsal la flexibilidad tarifaria, pues le permite contar con una tarifa tope, y, a la vez, contar con alternativas más abiertas para atender las opciones de demanda y competencia en el mercado de banda ancha.

El siguiente paso es que el ente concedente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acepte la o las recomendaciones e ingrese a un proceso de negociación con la empresa Azteca, para definir el futuro del proyecto de la red dorsal.

4.- Lecciones aprendidas. –

En el Perú se han venido desarrollando diversas políticas y estrategias desde hace varios años atrás, para lograr en principio, la masificación del internet, y actualmente la banda ancha; sin embargo, muchas de las estrategias previstas inicialmente en los Lineamientos Generales y, luego en la Agenda Digital Peruana 2.0, no se han ejecutado de manera inmediata, sino que se han venido mejorando o ejecutando muchos años después. Por otro lado, otras estrategias aún no se han ejecutado. Esta demora en la ejecución ha generado un problema de desfase de estrategias como el proyecto de la red dorsal por la oportunidad y el tiempo transcurrido, que no ha considerado la evolución del mercado de telecomunicaciones y de las tecnologías de última generación.

Uno de los grandes inconvenientes que actualmente tiene el Perú para consolidar las estrategias y políticas de banda ancha es la falta de una única autoridad gubernamental que consolide todas las estrategias y defina en última instancia las políticas, dado que actualmente existen varias entidades en diversos organismos del Estado que trabajan temas similares, entre ministerios, centros, secretarías, comisiones, entre otros. Tampoco se percibe las necesarias líneas de coordinación que deberían existir entre todas las entidades, dando como resultado la diversidad de planes o propuestas sobre temas comunes, ocasionando el riesgo de duplicidad de gastos innecesarios e, inclusive, el riesgo de una posible superposición de infraestructura necesaria para la ejecución de redes de banda ancha. Es conveniente centralizar la toma de decisiones más importantes en una sola autoridad que permita unificar las propuestas y políticas, sin que ello implique eliminar el canal de coordinación con las demás instituciones involucradas. En otros países, como en Colombia, se han avanzado mucho sobre este tema y se ha creado una institución como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que es una buena alternativa para solucionar los temas de centralización y liderazgo y con capacidad de decisión que es lo que se requiere para estos casos.

Asimismo, se requiere que la misma entidad gubernamental tenga el nivel y la capacidad para supervisar el cumplimiento de los compromisos y las metas trazadas de cada entidad, permitiendo que se identifiquen las fallas y proponiendo mejoras al final de su evaluación periódica.

Si bien las instituciones públicas deben liderar la mayor parte de los temas de masificación de la banda ancha, por ser temas de interés del Estado, no pueden hacerlo de manera aislada y, menos aún, sin tener mecanismos de comunicación constante con las demás instituciones vinculadas, como el sector privado y las instituciones educativas. Las instituciones privadas deben contar con un espacio para participar activamente, pues muchas de las acciones y estrategias dependen de ellas y son las que más debieran conocer mejor las perspectivas del mercado. Las instituciones educativas son relevantes porque permiten contar con una permanente asesoría en temas de gestión, formulación de estrategias, capacitación e involucramiento de los estudiantes de todos los niveles.

Las comisiones o grupos de trabajo de discusión de políticas y estrategias son muy importantes, pero siempre que brinden apertura a todos los agentes involucrados y que cuenten con metas establecidas, plazos y acuerdos concretos para su ejecución. No es recomendable tener comisiones que duren muchos años y constantemente se estén revisando propuestas sin llegar a nada en concreto. Ello no implica que una comisión, después de cierto tiempo se reúna para evaluar las políticas hayan sido ejecutadas y hacer los ajustes respectivos.

La transparencia es otro elemento fundamental para la toma de decisiones, pues conviene abrir oportunamente a debate proyectos de envergadura, como el de la red dorsal, para escuchar opiniones de todos los sectores e interesados y así conocer las inquietudes que se pueden generar en los diversos agentes. Aspectos tecnológicos, evolución de mercado y diseño de proyectos deben ser de conocimiento público pues son de alto interés nacional y enormes inversiones para los países. La falta de transparencia y apertura a las discusiones puede hacer que las fallas en el diseño y las observaciones no lleguen a conocerse al momento de tomar la decisión y, de ser el caso, puedan corregirse en tanto sean necesarios.

Los grandes proyectos como la red dorsal desarrollado en el Perú pueden tener varios inconvenientes, pues no se tienen muchas experiencias similares de la cual se pueden prever los posibles errores. También ha sido conveniente analizar adecuadamente el desarrollo del mercado de telecomunicaciones para evaluar el impacto y considerar las tendencias del mismo. Un objetivo y oportuno análisis al momento de tomar las decisiones será de gran ayuda para los resultados exitosos de un proyecto.

Manuel Cipriano

Consultor en telecomunicaciones y TIC y Ex Director de Telecomunicaciones.

Marzo 2018.
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