Telecomunicaciones Uruguay

ASIET expresa su preocupación por el incumplimiento de las resoluciones sobre competencia en TV Satelital, perjudicando a los usuarios y al sector.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) expresa su preocupación por la negativa del gobierno a cumplir lo dictaminado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en lo referido a la entrada de más competencia en el mercado de televisión de pago.

  • Solicitamos al gobierno que facilite el cumplimiento de las sentencias de los órganos jurisdiccionales en beneficio de los consumidores, el aumento de inversiones y la creación de puestos de trabajo.
  • La sentencia del TCA reafirma la habilitación a la empresa Claro de brindar servicios de TV Satelital. Son ya varias las  sentencias que indican esta habilitación.

Montevideo, 26 de Febrero de 2018. Uruguay es un país reconocido internacionalmente por su seriedad institucional y su apego al ordenamiento jurídico. Es por ello que resulta sorpresiva y preocupante la decisión arbitraria del Gobierno de impedir la comercialización de servicios de TV de pago a la empresa Claro, a pesar de la sentencia del TCA de diciembre del año pasado. Dicha sentencia estableció que la licencia de DTH de Claro suspendida en 2009 y revocada en 2013 se encuentra plenamente vigente. No obstante, el Gobierno ha negado el permiso a la empresa a operar aduciendo que dicha autorización se encuentra caducada, cuando a todas luces dicha caducidad es consecuencia de las restricciones administrativas que el tribunal ha desestimado.

Desde ASIET, creemos que la competencia es beneficiosa para los consumidores. La posibilidad de los usuarios de elegir entre una mayor cantidad de alternativas se traduce en que las empresas deban exigirse por ofrecer mejores servicios a los menores precios. En la inmensa mayoría de los países, las autoridades y los reguladores sectoriales favorecen la existencia de mayor competencia e igualdad de trato a todos los operadores. Es a todas luces inexplicable y contrario a las buenas prácticas internacionales el restringir de forma arbitraria la competencia afectando a los consumidores principalmente. Un mercado en competencia y en igualdad de trato favorece la oferta de servicios de mayor calidad, la aparición de nuevas tecnologías y mejores precios para mejores servicios. Es por ello que resulta incomprensible la decisión del gobierno, que priva a los consumidores de más opciones, perjudica a los inversionistas que han confiado en el país, y afecta a la imagen internacional de Uruguay.

Uruguay es de los pocos países del mundo en los que persiste un monopolio para la prestación de ciertos servicios de telecomunicaciones, lo que indudablemente va en contra del interés público, de las mejores prácticas internacionales y es incompatible con el avance tecnológico. Si a ello se añade el deterioro de los principios de seguridad jurídica y de protección a las inversiones, las consecuencias serán negativas para los uruguayos, deteniendo los innegables avances que ha tenido el país en el pasado en el ámbito de su desarrollo tecnológico.

Con respecto al caso de la TV Satelital, se acumulan más de 10 años de maniobras administrativas contrarias a derecho que perjudican directamente a las familias uruguayas y ponen en cuestión la independencia del organismo regulador y el cumplimiento de las instrucciones de los tribunales. La OECD reconoce expresamente la importancia de los organismos reguladores independientes, la igualdad de trato a todos los inversionistas y la competencia como elementos centrales de un buen ordenamiento público. Conocida la seriedad y responsabilidad que tradicionalmente demuestra Uruguay en todos los ámbitos y el respeto internacional que merecidamente se ha ganado, esperamos con optimismo que se adopten las medidas pertinentes para corregir esta situación y se impongan el Estado de Derecho, tanto en forma como en el fondo, y se favorezca la competencia y la mayor diversidad de ofertas en beneficio de todos los uruguayos.

Desde ASIET manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación presentada y solicitamos al gobierno la prevalencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, dando pleno cumplimiento a lo dispuesto por el TCA y el Poder Judicial, garantizando igualdad de trato a todos los actores. De lo contrario, igualmente expresamos nuestra inquietud por el posible freno de inversiones, la limitación de la competencia con la consecuente reducción de puestos de trabajo y libertad en la elección de servicios a los ciudadanos.

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