“La seguridad jurídica y un ambiente regulatorio e institucional que ofrezca confianza “, factores clave para favorecer las inversiones en el Ecosistema Digital

Remarcó Pablo Bello, Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones – ASIET – en su presentación sobre cómo Incrementar las inversiones en infraestructura digital para la transformación productiva del Perú en el marco de la Conferencia “Perú: Gestión Pública e Infraestructura 2018” organizada por el diario El Comercio y El Dorado Investments. 

El evento, desarrollado durante la jornada del 15 de octubre, tuvo como objeto reunir a los principales actores vinculados al desarrollo de infraestructura en Perú con el fin de analizar y discutir sobre la gestión pública y las asociaciones público-privadas como herramientas para el logro de una mayor prosperidad para todos los peruanos. Entre los asistentes, autoridades, presidentes, directores, altos cargos de empresas relacionadas a los sectores de infraestructura de servicios públicos, representantes de instituciones públicas y relacionadas al gobierno central, gobiernos regionales y municipios, funcionarios de las entidades reguladoras, se encontraba el Director Ejecutivo de ASIET, Pablo Bello, quien asistió invitado en calidad de ponente.  

El CEO de ASIET realizó una presentación que hizo referencia a cómo Incrementar las inversiones en infraestructura digital para la transformación productiva del Perú. Exponiendo que, de acuerdo a un estudio de Analysys Mason, “la Inversión necesaria para cerrar la brecha digital en América Latina es de USD 260.000 MM al 2025 para alcanzar los niveles de la OCDE. En Perú asciende a USD 35.000 Millones” citó. A su vez, remarcó que el principal motor de las inversiones en infraestructura es el sector privado, por lo que es sumamente importante una agenda política pro-inversiones en infraestructura digital que estimule la expansión del mercado. 

Bello aclaró que aquellas políticas en favor de la inversión son esas que “reducen los costos de despliegue y operación de redes, que permiten generar más ingresos, minimizan los riesgos a los inversionistas y ofrecen más plazo para rentabilizar los proyectos” tal como sintetizó en una frase, “El factor más importante para favorecer las inversiones es la seguridad jurídica y un ambiente regulatorio e institucional que ofrezca confianza a los inversionistas “. También marcó la necesidad de la reducción de costos en el despliegue de redes y mejorar las condiciones de adjudicación de espectro y la seguridad jurídica de las concesiones.  

La presentación se encuentra disponible para su descarga aquí  

El video de la presentación, disponible aquí

El Reglamento de Calidad del Servicio Público de Telefonía y Transmisión de Datos fortalece la capacidad de los consumidores para demandar servicios de calidad y es congruente con los estándares técnicos internacionales

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) reconoce que el contenido del Reglamento de Calidad del Servicio Público de Telefonía y Transmisión de Datos, aprobado recientemente en El Salvador, fortalece la capacidad de los consumidores para demandar servicios de calidad y es congruente con los estándares técnicos asumidos a nivel internacional

El Salvador ha tenido avances notables en el sector de telecomunicaciones en años recientes. Como señala, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de la ONU en la materia, el número de suscripciones a telefonía móvil por cada cien habitantes pasó de 125 a 156 entre los años 2010 y 2017; y el porcentaje de la población que usa Internet se incrementó del 16 a más del 30 por ciento en el mismo periodo. Estas mejoras son resultado del desarrollo del mercado de telecomunicaciones en el país, sustentado en la realización de inversiones y el despliegue de infraestructura, y de la adopción de políticas públicas y medidas regulatorias responsables, liderada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).  

El Reglamento de Calidad del Servicio Público de Telefonía y Transmisión de Datos (Reglamento de Calidad), aprobado recientemente por SIGET, es la primera norma en El Salvador de esta naturaleza y la segunda en la región centroamericana. Esto se traduce en un paso de vanguardia, congruente con la visión que dicha dependencia ha mantenido en favor de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y en la búsqueda de ampliar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) para todos los salvadoreños, prioritariamente para aquellos en condiciones socioeconómicas menos favorables. Indudablemente, su contenido representa un avance en favor de El Salvador y, por tal motivo, desde ASIET reconocemos el trabajo generado por SIGET para que el Reglamento de Calidad haya sido aprobado.  

En primer lugar, es de destacar el amplio proceso de consulta que desarrolló para la integración de una norma de calidad de carácter técnico, que considerara la opinión de múltiples organizaciones, especialistas y ciudadanos interesados en la materia, lo que refleja el apego del Regulador a las recomendaciones internacionales de la UIT.1 Mediante esta consulta, SIGET ha establecido disposiciones que permiten informar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de los diversos estratos poblacionales, otorgando al mismo tiempo certeza jurídica a los proveedores de dichos servicios, mediante un marco que puede ser interpretado con claridad. 

En segundo lugar, como hemos manifestado desde ASIET, el aspecto central a considerar para el mejoramiento de la calidad de los servicios es la posibilidad de que los usuarios puedan elegir, con información suficiente, entre diversas alternativas en el mercado. SIGET incorporó un esquema de parámetros y sus mediciones, que le permitirá poner a disposición de los usuarios un comparativo de los niveles de desempeño de las redes de los operadores, lo que habilitará al usuario a elegir apropiadamente de acuerdo a sus necesidades. Su planteamiento para el caso salvadoreño, potencia el mejoramiento de las condiciones de los usuarios, al generar información en torno a los servicios que reciben. 

En este último punto, es de destacar que la gama de parámetros que son considerados en el Reglamento de Calidad permite la supervisión del desempeño de los servicios otorgados a través de redes fijas y móviles, además de atender aspectos relevantes tanto técnicos como administrativos, en materia de cobertura, atención al cliente, aplicación de tarifas y fallas en la red. La inclusión de parámetros de éxito (tasa de llamadas completadas, niveles de pérdida de paquetes) y desempeño (velocidad de transferencia, niveles de retardo, calidad de voz) en la provisión de servicios otorgan al regulador visibilidad respecto al tipo de servicios que los usuarios reciben y le brindan mayor capacidad de actuación para su protección. Adicionalmente, los parámetros relacionados con la capacidad de atención por parte de los operadores (porcentaje de reclamos en facturación, calidad de atención al cliente, atención de reclamos y reporte de incidencias) fortalecen la capacidad de decisión del usuario respecto a las opciones existentes en el mercado.  

Los valores de cumplimiento adoptados para los parámetros considerados equiparables con estándares de exigibilidad adoptados en la región latinoamericana. Aunque los esquemas de medición de calidad tienen características variables en cada mercado, los parámetros en el reglamento de calidad en El Salvador recientemente aprobados, considera una gama amplia de parámetros como la aplicada en países como México, Chile o Colombia.  

La aprobación del Reglamento de Calidad y su aplicación inminente constituyen, sin lugar a dudas, medidas regulatorias positivas para los usuarios de los servicios en El Salvador y representa un elemento adicional contribuye al dinámico desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

A capacidade do Brasil de reverter a estagnação da economia, gerar crescimento econômico e oferecer oportunidades, depende criticamente da incorporação intensiva das TIC.


A Associação Interamericana de Empresas de Telecomunicações (ASIET) enviou uma carta aos candidatos que disputarão a presidência do Brasil no dia 28 de outubro, onde destaca a importância estratégica das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento econômico e social do país e insta-os a dar prioridade a uma Agenda Digital nos próximos 4 anos.

  • ASIET adverte sobre a ausência deste setor na Agenda Política dos últimos anos, que se traduz, por exemplo, na alta carga tributária que está enfrentando atualmente o setor e impede que mais brasileiros utilizem os serviços de telecomunicações. 
  • A Associação recomenda a aprovação do PLC 79/16, que permitirá passar do regime de concessão para o de autorização, o que permitirá aumentar os investimentos; e aplicar urgentemente a Lei Geral de Antenas (Lei 13.116 / 15) em todos os municípios do país para agilizar os procedimentos de expansão da infraestrutura.

Acesse a carta completa aquí

“Progredir na digitalização significaria aumentar a produtividade e, portanto, ter maiores oportunidades para o crescimento da economia brasileira”, diz a carta, más adverte que, para que isso seja possível, primeiro devem ser entendidas “as transformações tecnológicas das últimas décadas e os seus profundos impactos na forma de produzir e consumir bens e serviços”. Uma vez que haja clareza sobre essas transformações paradigmáticas no mercado, poderiam ser definidas as políticas públicas necessárias para aumentar a eficiência e a produtividade do país, e assim “gerar mais crescimento econômico, progresso social e maior equidade”.

Aumentar os níveis de produtividade na economia brasileira através de um uso mais intensivo das TIC é fundamental, caso contrário, o crescimento econômico esperado para os próximos 15 anos chegaria a ser até 45% inferior aos 15 anos precedentes de acordo com um estudo realizado pela empresa de consultoria McKinsey Global Institute. Fato que apoia a necessidade de tomar medidas, já que “o crescimento econômico é a base para gerar mais e melhores empregos e financiar políticas redistributivas e investimentos públicos”, diz o documento enviado.

A carta alerta para o fato de que nos últimos anos a indústria não teve espaço preferencial na agenda política: “A falta de políticas públicas que promovam esse eixo e a falta de atualização regulatória do setor fizeram que as telecomunicações não vivessem dos seus melhores momentos. ”

Em consonância com o acima exposto, a ASIET afirma na carta que atualmente a carga tributária responde por quase 51% do faturamento, arrecadando cerca de R $ 60 bilhões por ano, o que faz com que se “dificulte o acesso a um número significativo de brasileiros que têm menos recursos “.

Além disso, a ASIET descreveu como “necessário” atualizar a legislação setorial e a modernização regulatória; e de “não extensível” a aprovação do PLC 79/16, que permitirá avançar do regime de concessão para o de autorização, uma questão que ao relaxar as obrigações atualmente detidas pelas concessionárias permitiria mais investimentos no setor. Ao mesmo tempo, pediu para homogeneizar em nível nacional a legislação para agilizar os procedimentos de ampliação de infraestrutura, para o qual é muito importante, como indicado pelo ASIET na carta, “que a Lei Geral de Antenas seja aplicada com urgência (Lei 13.116 / 15) em todos os municípios do país”.

A capacidade do país de reverter a atual estagnação da economia, gerar crescimento econômico e oferecer oportunidades para todos, “depende criticamente da incorporação intensiva de Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos produtivos e nos serviços do Estado” adverte Associação de operadores de serviços de telecomunicações. Neste sentido, a definição de uma Agenda Digital ambiciosa e realista para os próximos quatro anos, que tenha apoio político ao mais alto nível, é fundamental. Para que essa agenda seja levada adiante, é condição sine qua non é ter uma “visão, um desejo de diálogo e um senso de urgência, com líderes comprometidos com a digitalização do país, tanto na esfera pública quanto na privada”, insiste a ASIET.

A nota aos candidatos a presidente, termina alertando sobre o momento econômico e social chave em que o país se encontra e que requer “uma alta dose de liderança pública e privada, a capacidade de convocar e força para transformar” e observa, além disso, a necessidade de desenhar uma Agenda Digital que “deve estar à altura dos desejos de progresso que os brasileiros merecem e exigem”.

La capacidad de Brasil para revertir el estancamiento de la economía, generar crecimiento económico y ofrecer oportunidades, depende críticamente de la incorporación intensiva de las TIC


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La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) envió una carta a los candidatos que se disputarán la presidencia de Brasil el próximo 7 de octubre,  dondeDestaca la importancia estratégica de las TIC para el desarrollo económico y social del país y les insta a darle prioridad a la Agenda Digital en los próximos 4 años.

  • ASIET advierte sobre la ausencia de este sector en la Agenda Política de los últimos años, lo cual se traduce, por ejemplo, en las altas cargas tributarias que actualmente saturan al mercado e impiden que más brasileños utilicen servicios de telecomunicaciones.   
  • La Asociación recomienda la aprobación del PLC 79/16, que permitirá avanzar del régimen de concesión al de autorización, lo que permitirá aumentar inversiones; y aplicar urgente la Ley General de las Antenas (Ley 13.116 / 15) en todos los municipios del país para agilizar trámites para ampliación de infraestructura.

Accede a la carta completa aquí

“Avanzar en la digitalización supondría aumentar la productividad y por tanto tener mayores oportunidades para el crecimiento de la economía brasileña.” dice la carta, pero a la vez advierte que para que esto sea posible, primero se deben entender “las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas y sus profundos impactos en la forma de producir y consumir bienes y servicios”. Una vez que se sea consciente de este cambio paradigmático del mercado, se podrán definir las políticas públicas necesarias para incrementar la eficiencia y productividad del país, y así “generar más crecimiento económico, progreso social y mayor equidad”.

El crecimiento económico esperado para los 15 años venideros en Brasil sería hasta un 45% inferior que el de los 15 años precedentes según un estudio realizado por la consultora McKinsey Global Institute. Hecho que respalda la necesidad de tomar medidas, ya que “el crecimiento económico es la base para generar más y mejor empleo, y para financiar políticas redistributivas y de inversión pública”, dice el documento enviado.

La misiva advierte sobre el hecho de que en los últimos años la industria no tuvo un espacio preferencial en la agenda política: “La falta de políticas públicas que promuevan ese eje y la falta de actualización regulatoria del sector han hecho que las telecomunicaciones no vivan uno de sus mejores momentos” .  

En la línea de lo anterior la ASIET expone en la carta que actualmente la carga tributaria supone casi el 51% de la factura, recogiendo cerca de R $ 60 mil millones al año, lo cual provoca que el sector “se encuentre saturado y dificulta el acceso a un importante número de brasileños que cuentan con menos recursos”.  

Además, la ASIET calificó como “necesaria” a la actualización de la legislación sectorial y modernización regulatoria; y de “inaplazable” la aprobación del PLC 79/16, que permitirá avanzar del régimen de concesión al de autorización, cuestión que al flexibilizar la carga de obligaciones que actualmente tienen las concesionarias permitiría invertir más en el sector.A su vez, pidió homogeneizar a nivel nacional la legislación para agilizar los trámites para ampliación de infraestructura, para lo cual es muy importante, según señala la ASIET en la carta,  “que se aplique de modo urgente la Ley General de las Antenas (Ley 13.116 / 15) en todos los municipios del país”.

La capacidad del país para revertir el estancamiento actual de la economía, generar crecimiento económico y ofrecer oportunidades para todos, “depende críticamente de la incorporación intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos productivos y en los servicios del Estado” advierte la Asociación de operadores de servicios de telecomunicación. En este sentido, la definición de una Agenda Digital ambiciosa y realista para los próximo cuatro años, que cuente con respaldo político al más alto nivel, es clave. Para que esta agenda se pueda llevar adelante, es condición sine qua non contar con “visión, voluntad de diálogo y sentido de urgencia, con liderazgos comprometidos con la digitalización del país tanto en el ámbito público como en el privado” insiste la ASIET.

La nota a los presidentes, finaliza advirtiendo sobre el momento clave tanto económico como social en que se encuentra el país lo cual exige “una alta dosis de liderazgo público y privado, la capacidad de convocar y fuerza para transformar” y remarca, además, la necesidad de diseñar una Agenda Digital que “debe estar a la altura de los anhelos de progreso que los brasileños merecen y demandan”.

“Es indispensable acelerar las inversiones en infraestructura digital” para la transformación productiva que Latinoamérica necesita.

Dijo Pablo Bello, Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicación en una sesión sobre Prioridades y objetivos a mediano plazo respecto al ecosistema de comunicaciones convergentes en el marco de la 49º Conferencia Anual de IIC. 

Del 9 al 11 de octubre, se llevó a cabo la 49º Conferencia Anual de la International Institute of Communications – IIC, este año en Ciudad de México. Dicho evento convocó a varios oradores para ejecutivos sénior y responsables de políticas públicas en el mundo de las telecomunicaciones, Internet y los medios de comunicación para presentar, debatir y aprender sobre los avances tecnológicos y los desafíos regulatorios que se presentan. 

Durante este encuentro, los tópicos en torno a los cuales se generaron los debates fueron: Año electoral ¿Cuáles son las prioridades y los objetivos a medio plazo de las nuevas administraciones en la región con respecto al ecosistema de comunicaciones convergentes?; Distribuyendo Conectividad: Construyendo certeza e incentivos para promover la inversión y la innovación; Garantizar acceso e inclusión: Reducir la brecha digital para que más personas estén en línea en comunidades rurales y marginadas, cerrando la brecha de género; Políticas, estrategias, comercio y el rol de la regulación para ayudar a que el ‘internet del consumo’ se convierta en el ‘internet de la producción’, entre otros. 

El Director Ejecutivo de ASIET, Pablo Bello, fue convocado a participar como moderador de la primera sesión del evento que giró en torno a prioridades y objetivos a mediano plazo de las nuevas y existentes administraciones en la región con respecto al ecosistema de comunicaciones convergentes. En dicha sesión participaron también el Ing. Alberto Jácome Espinosa, Viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación de Ecuador; Dr Héctor Huici, Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Argentina; Hannia Vega, Presidente de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Costa Rica y Edgar Olvera Jiménez, Subsecretario de Comunicaciones de Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), México. 

A modo de preámbulo, El Director Ejecutivo de la ASIET, realizó una presentación para introducir a los presentes al tema para el cual fue convocado. Con dicho objetivo, comenzó describiendo la realidad Latinoamericana en cuanto a Digitalización y Productividad. En tal sentido mencionó los riesgos de mantener bajos índices de productividad, del promedio de la economía y PBI en nuestra región ya que podrían reducirse entre un 40 y 50% en los próximos 15 años.   

Para la transformación productiva de Latinoamérica, Bello explicó que es “necesario e indispensable acelerar las inversiones en infraestructura digital” pero aclaró que sólo con esto no es suficiente.  

Además, destacó la necesidad de una agenda regulatoria ya que “Las inversiones en la economía están directamente relacionadas con la calidad de las políticas públicas. Buenas políticas públicas las incrementan. Malas políticas las disminuyen”. Ejemplos de estas decisiones regulatorias tan definitorias son, por ejemplo, reducir costos de despliegue de redes, menor carga impositiva, incentivos a la co-inversión y co-localización , entre otras. 

Video de la conferencia aquí

Pablo Bello llamó a repensar marcos regulatorios para impulsar el desarrollo de la Infraestructura Digital y consensuar una agenda en favor de las inversiones en redes de conectividad.

El Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicación – ASIET –, Pablo Bello. participó en la Primera Reunión de la Red de Infraestructura de Conectividad Digital coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)en la que se trató el tema “Infraestructura de Conectividad: Eje de la Economía del Futuro”Bello realizó un keynote sobre cómo acelerar las inversiones en infraestructura digital para el cierre de las brechas. 

Puedes acceder a la presentación realizada por Pablo Bello aquí: https://t.co/snaCetiEPw 

El encuentro tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre en la Ciudad de México y fue el primer acercamiento en este espacio regional único para analizar y discutir soluciones a las problemáticas y retos comunes en el despliegue y fortalecimiento de la infraestructura digital. Pablo Bello fue convidado a participar como orador en la tercera sesión titulada Mecanismos para la implementación de Políticas Públicas de Conectividad Digital y realizó un keynote sobre cómo acelerar las inversiones en infraestructura digital para el cierre de las brechas.  

“Indudablemente la digitalización tiene un rol fundamental para incrementar la productividad”, aseguró el CEO de ASIET.  Sin embargo, señaló que para avanzar en este objetivo es necesario atender primero otros retos esenciales. Al respecto indicó que “a pesar del crecimiento económico que ha permitido reducir la pobreza en la región, la brecha con los países desarrollados no se está cerrando” y que “en América Latina vamos cerrando la brecha del número de personas conectadas pero la brecha de dispositivos conectados se va ampliando.”  

Pablo Bello indicó que los ingresos reducidos de la población en Latinoamérica que se encuentra en la base de la pirámide constituye un desafío estructural para el cierre de la brecha digital, ya que los servicios TIC pueden representar entre un 5% a un 45% del ingreso del hogar. Con base en lo anterior, resaltó que identificar alternativas viables para conectar a este segmento de la población es una tarea que compete a autoridades y tomadores de decisiones pertenecientes a otros sectores y no solamente al de telecomunicaciones.  

Por otro lado, destacó que “las ratios de inversión sobre ingresos de la industria de las telecomunicaciones comparado con otros sectores están muy por encima de la media” pero, de todas formas, el sector privado no alcanzará a cubrir las necesidades que la sociedad anhela por sí solo. En este tema, Bello llamó a los gobiernos repensar el marco regulatorio para impulsar la inversión en infraestructura Digital y a consensuar una agenda en favor de las inversiones en redes de conectividad. 

Al finalizar, el CEO de ASIET sugirió crear Comisiones Nacionales de Banda Ancha, con participación público-privada y el apoyo del BID, “para analizar y recomendar conjuntamente mecanismos para el desarrollo de la infraestructura digital adecuados a la realidad de cada uno de los países “. 

Puedes acceder a la presentación realizada por Pablo Bello aquí: https://t.co/snaCetiEPw

“La disrupción de la 5G, con su hiperconectividad de personas y cosas, requiere de nuevos modelos de negocios y, por ende, el ajuste de todo el ecosistema”.

Dijo Maryleana Méndez, Asesor en Regulación de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicación en su presentación sobre el desarrollo de 5G en Latinoamérica durante el Seminario Regional de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT – 2018 para las Américas (RRS-18-Américas) 

El Seminario Regional de Radiocomunicaciones de la UIT – 2018 para las Américas (RRS-18-Américas) se celebró en San José, Costa Rica del 24 al 28 de septiembre. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT) y en cooperación con la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA). 

El seminario fue sucedido por un foro sobre “Gestión del espectro: desafíos futuros”, atrayendo a más de 60 expertos y stakeholders de la industria, incluidos los Estados Miembros y Miembros de Sector de la UIT, reguladores y representantes de la industria de telecomunicaciones, operadores, organizaciones internacionales, asociaciones y académicos de 13 países.  

Entre los expertos invitados al evento, Maryleana Méndez, Asesora en Regulación de ASIET, participó como panelista en más de una ocasión.  

La primera de ellas tuvo lugar el 27 de octubre “Hacia la 5G, Hoja de Ruta para las Américas, Dividendo Digital, Futuras Bandas”, durante la cual habló sobre la necesidad de trazar un plan estratégico para el desarrollo del 5G que involucraba el diseño de una nueva agenda regulatoria; Inversión en infraestructura; la necesidad de adjuntar requisitos de cobertura a atribuciones de espectro; y por último abordó la necesidad de aumentar los niveles de ciberseguridad. 

“La disrupción de la 5G, con su hiperconectividad de personas y cosas, requiere de nuevos modelos de negocios y, por ende, el ajuste de todo el ecosistema”, planteó.  

En este sentido, “Debe establecerse hoy más que nunca regulaciones predecibles y a la vez lo suficientemente flexibles que permitan adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución” expresó la experta en regulación. 

Durante el viernes 28 de octubre, Méndez participó también en una sesión sobre reducción de la Brecha Digital y el rol de los sistemas de radiocomunicaciones; 

En su presentación, la Asesora en Regulación, explicó que para lograr el Cierre, nuestra región tiene muchos retos por delante. En cuanto a la demanda de servicios, el hecho de que la base de la pirámide en Latinoamérica gane entre  200 y 600 dólares americanos, es una gran limitante ya que en estos casos, explicó Maryleana, “Dependiendo de distintos modelos de canastas, los servicios TIC pueden representar entre un 5% a un 45% del ingreso del hogar” y en estos casos, los subsidios a la demanda son clave. 

En cuanto a las complicaciones para la oferta de servicios, se requieren de grandes inversiones, que en su mayoría (95%) son asumidas por el sector privado y si bien la infraestructura de telecomunicaciones es la mejor infraestructura de América Latina, no es suficiente.   

Para poder enfrentar este reto, Maryleana Méndez sostuvo que son necesarias las alianzas público- privadas e incentivos públicos como la exención de impuestos, menores pagos recurrentes por espectro, Subsidios a la demanda, Flexibilización de condiciones regulatorias en las zonas no servidas, entre otros.  

Finalmente, el mismo viernes 28, La Experta en Regulación y Asesora de ASIET desarrolló otra presentación sobre licencias de espectro (comercial, comunitario, oficial; mecanismos) en la cual se refirió a las buenas prácticas para la asignación de espectro.  

Durante su presentación Maryleana Méndez explicó que debido al carácter único de cada mercado, hay que evaluar y diseñar las condiciones teniendo en cuenta: usos, contexto socioeconómico, obligaciones parafiscales (FSU), obligaciones de cobertura, disponibilidad de bandas y la duración de la concesión. 

A su vez, explicó que cuando se imponen los precios de las asignaciones de espectro “El foco debería estar en la maximización del bienestar social”. Por otro lado, destacó que la cantidad de años de duración de las licencias de uso de espectro son “clave para las decisiones de inversión pues define el horizonte de retorno de las mismas “ y que en el escenario actual “el mínimo óptimo de duración es de 20 años”.    

Respecto a las obligaciones de cobertura, Méndez observó que “Mayores obligaciones implican mayores costos en la prestación de los servicios” lo cual podría tener un impacto negativo en el acceso a los servicios. Además, las “obligaciones muy extensas en cortos plazos podrían generar imposibilidades de cumplimiento” destacó.  

Al finalizar, destacó que “La previsibilidad regulatoria y perspectivas de renovación de concesiones existentes son un factor fundamental en la realización y ritmo de las inversiones”.  

Por razones de Estado Derechos Fundamentales y Política Digital

¿Qué relación existe entre política pública digital y el Estado? ¿Son el internet y los servicios de telecomunicaciones un derecho fundamental? ¿Estos derechos fundamentales son garantizados por nueva política pública? ¿Estamos diseñando la agenda de política pública que necesitan nuestros ciudadanos?
 
El Estado y los poderes públicos, son creados por los hombres para poder convivir y son, esencialmente una entidad jurídica. El Estado no solo es la corporación territorial dotada de un poder de mando originario (Heller, Herman), ni el ámbito espacial de validez de las normas jurídicas (Jellinek). El estado es un complejo vital, creado y estructurado por el orden jurídico, territorio, derechos fundamentales, órganos de gobierno y acción pública. En su concepto estático, el Estado se estructura en la constitución; y en su concepto dinámico, es la base de la acción pública, de sus órganos y sus funciones, regula la vida social. Es aquí donde hablamos de derechos fundamentales en un caso, y gobierno y política pública en otro.
 
Derechos fundamentales.
Son aquellos que se constituyen a partir de su vocación y reconocimiento universal, particularmente en el orden jurídico internacional, los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en las demás convenciones internacionales sobre los derechos humanos. Los derechos fundamentales, son derechos de las personas, de los individuos y generalmente están considerados como un catálogo determinado en las constituciones y por las cartas internacionales. Estos derechos no son negociables y por lo tanto no pueden estar en el mercado, no son mercancía. “están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y la política” (Ferrajoli).  Sin duda, una característica fundamental, es que estos derechos deben ser garantizados y permitir su ejercicio. Garantizar, supone diseñar y estructurar acciones públicas encaminadas a verificar su cumplimiento y la elaboración de políticas que aseguren el máximo grado de ejercicio de los derechos fundamentales. En América latina, la evolución de los derechos fundamentales ha sido extraordinaria. La riqueza de conceptos integrada a las diversas cartas constitucionales y tratados internacionales, ha generado una relevante cantidad de derechos y particularidades; así como conceptos globales y expresiones regionales. Algunos de ellos son educación, libertad de expresión, salud, acceso a la cultura, acceso a la información pública, protección de datos y el catalogo crece o se restringe, dependiendo de cada país. Las constituciones de Guatemala (1985), Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1993), Argentina (1994) entre otras en América Latina, contemplan el reconocimiento de estos derechos y con ellos, sus características esenciales. Hablamos de derechos que son universales, interdependientes, indivisibles y programáticos. Esto quiere decir que estos derechos no son superiores uno sobre otros, interactúan directamente entre ellos, no son divisibles y su cumplimientos se proyecta y verifica en el tiempo.
 
El derecho de acceso a internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha, y Tic, como un derecho fundamental.
Las Naciones Unidas, por medio de su Consejo de Derechos Humanos, adoptó la resolución A/HRC/20/L.13 del 29 de junio de 2012 sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet. Este documento, es vital, para comprender el alcance universal del acceso al internet y las tecnologías de la información y fue suscrito por un grupo relevante de países de Iberoamérica y del continente americano: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay.
 
La visibilidad que se da al internet, en términos del lenguaje de derechos humanos, y el ejercicio de otros derechos fundamentales por medio de esta tecnología, ofrece una nueva dimensión de trabajo jurídico en términos de modificaciones constitucionales y diseño de nueva política pública, para garantizar el nuevo derecho de acceso y uso del internet para todas las personas. El documento afirma, entre otras cosas que:
 
1.      “Afirma que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión”
2.      “Reconoce la naturaleza mundial y abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo” 
3.      “Exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el acceso a Internet”
4.      “Internet puede ser un importante instrumento para para el ejercicio de los derechos humanos”
Adicionalmente, se exhorta a los Estados para que promuevan y faciliten el acceso a internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países. El internet y las tecnologías de la información han estado asociados de forma relevante a las discusiones sobre libertad de expresión, sin duda, por la indisoluble relación entre libertad de expresión y democracia. De hecho, el derecho a difundir ideas y buscar información (acceso a información pública), son dos acciones relevantes en el ejercicio de los derechos políticos en una democracia. Sin embargo, el derecho de acceso al internet, al ser reconocido como fundamental, adquiere la misma naturaleza de sus derechos pares y se vuelve, como lo señalé, universal, indivisible, interdependiente y programático, transformándose en un poderoso habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, la salud, la cultura, la libertad de expresión y el derecho a la información en todas sus formas, entre otros derechos más.
Sostengo que el derecho de acceso a Internet es un derecho humano que posee toda persona para conectarse a Internet por medio de las tecnologías de la información, con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos fundamentales, de forma que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el acceso a este servicio y tecnologías esté disponible. Contrario sensu, el Estado no puede restringir el acceso de una persona a Internet ni a las tecnologías de la información y la comunicación. La restricción del derecho de acceso al internet, es una restricción ipso iure, al ejercicio de todos los derechos fundamentales y por lo tanto, en contra del ejercicio de los derechos humanos. Ninguna acción de las distintas autoridades puede estar fuera de este mandato expreso, ni puede estar sujeto a interpretación.
 
Política Digital.
Garantizar este derecho fundamental, convoca a la acción pública del Estado y del gobierno para diseñar nueva política pública. A la acción de diseñar procesos, establecer objetivos o determinar una visión estratégica para garantizar el acceso a este derecho fundamental, la sociedad de la información, las TIC y los servicios de telecomunicaciones; y habilitar otros derechos fundamentales, sostengo que se le debe llamar Política Digital. Ahora bien, el derecho de acceso a Internet, al ser un habilitador de otros derechos fundamentales, genera una condición imperativa y de mandato administrativo: toda política pública y acción regulatoria que lo garantice, debe operar de forma transversal en las administraciones públicas, vertical en la esfera federal, local y municipal; y colaborativa e incluyente con otros órganos del Estado. Esta acción puede ser actuando de forma positiva con acciones concretas o no actuando. El silencio es una decisión de política pública, pero también regulatoria; y ésta es compartida con diversos órganos del Estado. El diseño de esta, es competencia de diversos órganos de las administraciones públicas del Estado como los órganos regulatorios, pero también los ministerios de comunicación o programas especiales.
Durante muchos años hablamos de una primera generación de política digital, bajo la forma de agendas digitales orientadas al despliegue de infraestructura y promover habilidades digitales. Países como Brasil, Chile, Argentina, España y Colombia entre otros, van en la tercera generación de agendas digitales y han incorporado nuevos servicios y nuevas tecnologías. Estas agendas digitales han evolucionado en función de las innovaciones tecnológicas y de la expansión a nuevos servicios e impacto en la vida de los ciudadanos. Por ello debemos contemplar su carácter sectorial, especial y en todos los niveles de gobierno.
 
·         Sectorial.
Agendas digitales por sector. Hay que hablar de economía digital, pero también de política digital para la educación, política digital para la salud, política digital para la inclusión financiera, en materia electoral y la seguridad entre otras.
·         En todos los niveles de gobierno.
El mandato constitucional es claro. Gobierno federal, local y municipal deben diseñar política digital en la forma de agendas digitales. Buscar que los servicios que prestan se encuentren en línea y coordinarse verticalmente con el gobierno federal para facilitar el despliegue de infraestructura, transformarse digitalmente y garantizar el ejercicio pleno de los nuevos derechos digitales en provincias, estados o departamentos.
·         Especiales.
Nuevas tecnologías, nuevos derechos, nuevas oportunidades, nueva política pública y regulación: Ciudades inteligentes, Internet de las cosas, 5G, Big Data, Realidad aumentada, Inteligencia Artificial, Fintech, Blokchain y SmartContracts, son algunas de las nuevas asignaturas en la prospección de políticas digital. Hay que diseñar política pública para cada una de estas áreas. Afirmo que no hay nueva tecnología, sin impacto legal, regulatorio o sin política digital.
 
El Estado en su forma contemporánea, es una entidad jurídica distinta a la época de Maquiavelo, es una entidad global, con una nueva generación de derechos fundamentales y paradigmas tecnológicos que impactan en la economía, el orden jurídico y en la forma de operar su aspecto dinámico. La forma del Estado (en su forma federal o central), necesita de un nuevo acuerdo y compromiso local para desplegar conectividad y generar una verdadera transformación digital regional. En su aspecto dinámico, los órganos de las administraciones públicas, deben trabajar bajo un nuevo acuerdo de coordinación transversal que garantice un impecable ejercicio de derechos fundamentales. El Estado, no podrá ser considerado en esta época como un concepto jurídico estático, sino como un poderoso habilitador de derechos y promotor indiscutible de desarrollo, a partir de una novedosa institución que nace: El Estado Digital.

La relevancia Estratégica de IPv6 para los Operadores

Durante muchos años el despliegue de IPv61 se consideró un aspecto exclusivamente técnico que tendría que ser desarrollado por los Operadores de Redes de manera casi al margen de las decisiones de negocio.

Sin embargo, mantener soluciones dependientes de direccionamiento IPv4 genera en los operadores costos incrementales en su infraestructura operativa a medida que se posterga la decisión, y en algunos casos perderán no sólo la capacidad de crecer su red en el futuro sino también la capacidad de ofrecer nuevos servicios asociados a nuevas tecnologías, perdiendo competitividad o reduciendo el ya de por sí castigado ARPU.

Al mismo tiempo, la falta de un despliegue efectivo de IPv6 en el país puede impactar negativamente en el desarrollo de las estrategias digitales nacionales, aplicación de justicia, reducción de la brecha digital y la innovación tecnológica

Los costos ocultos para los Operadores al no desplegar IPv6.

Una de las razones por las cuales IPv6 ha tenido un lento despliegue en la región puede relacionarse a la falta de incentivos financieros en los operadores para llevar a cabo este despliegue tecnológico. La mayoría entiende la relevancia tecnológica de este despliegue, pero deciden dejar pasar la ventana de oportunidad ante la ausencia de un caso de negocio que les deje claro el beneficio. Quizá esperen la aparición de un servicio que por sus características sólo pueda ofrecerse bajo IPv6 y que dicho servicio o aplicación sea altamente demandado y valorado por los usuarios. Este servicio providencial no sólo no ha llegado sino que es altamente improbable que suceda en los próximos 5 años.

Si se buscan razones para desplegar IPv6 los argumentos están en la estructura de costos de cada operador para mantener las redes IPv4, si lo que buscan es un Caso de Negocio, tendrán que asegurarse de incluir en la ecuación: 1) la creciente necesidad de obtener direcciones IPv4 en los mercados secundarios a precios que pueden llegar a ser hasta miles2 de veces superiores al costo de adquisición de IPv6; 2) posteriormente, el costo de mantener la infraestructura tecnológica3 de aprovechamiento de direccionamiento IPv4 para más usuarios cada vez más costosa y compleja; 3) deberán también considerar los costos operativos de cada transacción en las redes IPv4, que al pasar por diferentes mecanismos de traducción (CGNs) aumentarán de manera considerable el tiempo de dichas transacciones aumentando la latencia. Si alguien cree que la latencia no es importante, sólo es cuestión de poner atención a los recursos que los generadores de contenido invierten para reducir la latencia con las CDNs (Content Delivery Networks) sólo para “acercar” unos cuantos milisegundos el contenido que generan a las redes de los operadores, y con ello mejorar la experiencia del usuario.

Por otro lado, existe la creencia de que para desplegar IPv6 es necesario esperar a que todos lo hagan o que todos los operadores de un país lo hagan al mismo tiempo; lo cierto es que esto no es así, existen mecanismos de transición que permiten a aquellos operadores que lo desplieguen el poder convivir con redes que son sólo IPv4.

Es de llamar la atención que hoy en día un cuarto de las 60 mil redes ya circula tráfico IPv6 a los usuarios finales, es decir 15 mil redes ya pueden “hablar” el protocolo IPv6, pero un puñado de esas, 250 para ser precisos4, decidieron ya no ver a IPv4, para ellos IPv4 ya no es relevante. Si esto sucede cuando el 25% es IPv6, imaginemos lo que puede pasar cuando la mitad del Internet ya hable IPv6, cuando la mayoría de los países desarrollados sean completamente IPv6 y los países de nuestra región no lo sean.

La relevancia estratégica de IPv6 para el Estado

Desde el punto de vista nacional, identificamos también algunas razones estratégicas para el despliegue. En la región de América Latina y el Caribe nos falta conectar a más de 300 millones de personas. Según datos de LACNIC5, sólo quedan 3 millones de direcciones IPv4. Es indudable que las matemáticas no nos favorecen y si queremos conectar a todos los desconectados no hay suficiente direccionamiento IPv4. Por ello IPv6 se vuelve estratégico.

Si no hay suficientes direcciones IPv4 para conectar a las personas, mucho menos podremos conectar los miles de millones de dispositivos y sensores que esperamos con las nuevas tecnologías. Soluciones con Internet de las Cosas (IoT), Smart Cities, Internet Industrial, Industria 4.0, serán sólo promesas de ciencia ficción al alcance sólo para los países que hayan evolucionado a IPv6.

Por si fuera poco, uno de los aspectos más complejos en Internet es la capacidad del estado y las instituciones judiciales de identificar a los responsables de delitos cometidos en Internet. Con IPv6 se posibilita la trazabilidad de las transacciones, algo que es prácticamente imposible con IPv4 hoy en día. El hecho de que los operadores puedan mapear de manera inequívoca los responsables de una transacción le permite al estado atender amenazas de manera más efectiva. Aunque puede resultar contra intuitivo, la trazabilidad6 ayuda a preservar la apertura de Internet y la privacidad de los usuarios, inclusive reduce la presión a los estados por mantener mecanismos de vigilancia masiva.

Las múltiples partes interesadas

Por último, debido a la relevancia de un despliegue efectivo de IPv6 en nuestros países, es importante que no sólo los operadores atiendan este aspecto, los estados como uno de los mayores compradores de tecnología en cada uno de nuestros países pueden contribuir a generar ese Caso de Negocio a favor de IPv6, asegurándose de requerir soporte IPv6 para todos los proyectos de conectividad gubernamental y adquisiciones de tecnología. La Academia debe jugar también su rol con su capacidad de innovación y su compromiso social de formar profesionales para las nuevas tecnologías.

Así, hemos visto casos exitosos en Trinidad y Tobago y Argentina, donde han realizado esfuerzos de cooperación y colaboración entre los distintos actores de la industria, el gobierno y otros interesados en el “cómo sí” desplegar IPv6 de manera efectiva, sin coerción, sino con acuerdos voluntarios que favorezcan decisiones relevantes para el desarrollo tecnológico de los países. Hoy en Argentina se tiene a más de 20 entidades desplegando7 IPv6.

Confiamos en que las inversiones de infraestructura de los operadores de la región para los próximos años ya consideren IPv6, no sólo para asegurarles su competitividad futura, sino también la preparación tecnológica de nuestros países.


1 El nuevo mecanismo de direccionamiento del protocolo de Internet

2 https://ipv4marketgroup.com/ipv4-pricing/

3 Conocida como CGN – Carrier Grade NAT (Network Address Translator)

4 https://bgp.he.net/ipv6-progress-report.cgi?section=ases_v6_only

5 https://www.lacnic.net/agotamiento

6 https://m-cacm.acm.org/magazines/2018/8/229771-traceability/fulltext

7 https://stats.labs.apnic.net/ipv6/TT

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Jorge Fernando Negrete
Director de Grupo Mediatelecom
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